Las asociaciones ecologistas que ejercen la acción popular (Greenpeace, Ecologistas en Acción RM, ANSE y Sociedad Española de Ornitología) han presentado recientemente sendos escritos de acusación en la primera fase del procedimiento criminal que busca responsables por el desastre ecológico del Mar Menor – el caso Topillo 1.
Los escritos presentados, sobre la base de la instrucción desarrollada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y la acusación del Fiscal de Medio Ambiente, abundan sobre la prevaricación ambiental de las autoridades públicas competentes, necesaria para la impunidad administrativa de los vertidos de nitratos. Por otro lado, aumentan la petición de penas de cárcel para el ex Consejero de Agricultura y Medio Ambiente y el ex Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, alcanzando aquéllas los tres años, por la omisión en las debidas inspecciones. Para el resto de empresa agrícolas y sus administradores las penas son similares a las solicitadas por el Ministerio Fiscal.
Además, las acusaciones populares han pedido a los Tribunales que se evalúe todo el daño ambiental causado, esto es, no sólo el daño a las aguas, sino a la fauna, flora y al ecosistema en su conjunto, incluyendo a su vez los servicios que éste prestaba a la población. Todo ello pidiendo la aplicación para el caso del Mar Menor de la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007. Por último, también se ha pedido la medida de cese de la actividad de desalación de aguas subterráneas por parte de todos los acusados.
