Colectivos de defensa del Mar Menor, entre ellos Pacto por el Mar Menor, se concentraron en la puerta de la Asamblea Regional en Cartagena el 9 de septiembre para protestar por la reforma de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor propuesta por el Partido Popular y ex diputados de Vox.
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| Protesta ante la Asamblea Regional el 9 de septiembre |
- Desde una perspectiva jurídica, estas reformas plantean serias dudas de constitucionalidad y de compatibilidad con el Derecho europeo, al contradecir el mandato del artículo 45 de la CE, el principio de no regresión ambiental y las obligaciones derivadas de las directivas europeas.
- En segundo lugar, modificar una ley para que quienes la infringen gravemente puedan reducir la cuantía de las sanciones y además seguir cobrando subvenciones públicas, contradice la esencia misma de la Ley 3/2020, que no es otra que la de premiar a las empresas que se esfuerzan en el cumplimiento de las normas, y sancionar y disuadir al infractor. Esta modificación supone un perjuicio y una Competencia Desleal para aquel empresario que se está esforzando en el cumplimiento de la ley, dándole la vuelta a la premisa de “Quien contamina, paga”, e invitando a no cumplir la norma, ya que “compensa” el beneficio obtenido con la infracción, frente a las bajas consecuencias que conllevan las sanciones.
- En tercer lugar, recuerdan que los tres órganos que conforman la Tutoría del Mar Menor, establecidos en la Ley 19/2022 de Personalidad Jurídica del Mar Menor, y en los que están representados los sectores económicos, sociales, científico y de la administración, estatal, regional y municipal, se pronunciaron en contra de esta propuesta de modificación de la Ley 3/2020.
- En último lugar, consideran contraproducente para el propio sector primario esta modificación, en especial para el sector agrícola y ganadero intensivos, pues vuelve a poner aun más el foco en la responsabilidad y la contribución de estos sectores en la contaminación y degradación del Mar Menor, y la regresión a un menor control y castigo de los incumplimientos de la normativa puede resultar muy perjudicial a medio y a largo plazo para todo el sector, incluso a nivel regional, sector que depende mayoritariamente de la exportación a la UE y a terceros países.
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| Ramón Pagán, portavoz de Pacto, ante la Asamblea Regional |
