Valoración de las recomendaciones que aparecen en el borrador de la misión europea que visitó el Mar Menor en febrero y confiamos en que las deficiencias que señalamos sean subsanadas en el documento definitivo.
Ramón Pagán González, grupo de coordinación de Pacto por el Mar Menor
Las medidas propuestas por la delegación recogen los problemas del Mar Menor y tratan de poner solución a sus problemas de contaminación y a sus causas.
Sin embargo, en el punto 7, donde se habla de reanudar la impulsión de las aguas de la rambla del Albujón, consideramos que al no ser aptas para riego, deberán ser desnitrificadas y desalobradas por cuenta de aquellos que han causado esta contaminación.
Asimismo nos ha sorprendido que se sugiera en el punto 9 la posibilidad de aumentar el flujo de agua entre el Mar Menor y el Mediterraneo a través de las golas, lo que consideramos un error, posiblemente causado por falta de un buen asesoramiento científico.
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Eduardo Salazar Ortuño, abogado ambientalista
El dictamen del Parlamento es un extenso resumen de su visita y, sobre todo, un compendio (ya conocido en Murcia) de las diferentes visiones del desastre ecológico y del conflicto socioeconómico provenientes de todos los sectores.
Pero no atiende el contenido de las peticiones que se le formularon hace seis años a la Comisión de Peticiones. Y, lo que es más grave, soslaya o pasa de puntillas por los incumplimientos de la legislación de la UE en materia de biodiversidad, agua y nitratos, así como de la responsabilidad y las consecuencias de tales infracciones.
No analiza los derechos y deberes de ciudadanos europeos y autoridades nacionales en base a esa normativa europea ni las posibilidades de intervención de las instituciones europeas en relación a la solución de este desaguisado.
Únicamente hay referencias a los fondos europeos, sin entrar en el detalle de la condicionalidad medioambiental de los mismos.
Añade escuetas interpelaciones a la Comisión Europea, que tarda décadas en hacer cumplir la citada legislación.
Breves referencias a la necesaria inspección y control eluden entrar a la casi inexistencia de aquellos durante muchos años, como ha sido denunciado.
Pese al tremendo desarrollo de la Red Natura 2000, basado también en jurisprudencia europea, no hay un mínimo análisis a la efectividad de las medidas de gestión puestas en marcha en 2019.
En fin, todo queda en un sarao político, empresarial, social y científico, pero no se defienden con contundencia las competencias de la UE en este asunto.
Aunque el borrador nos valga para ver nuestro retrato en un espejo europeo y nos alegre que sean conscientes de lo que está ocurriendo, poca esperanza brinda para los que creemos que el Derecho Ambiental europeo debe impedir el deterioro de esta joya ecológica.
Ni una sola palabra para la Directiva sobre responsabilidad medioambiental ni la Directiva en materia de delitos ecológicos, que se está reformando.
Eduardo Salazar, abogado ambientalista