Representantes de Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, FAVCAC y Greenpeace delante de la empresa agrícola G'S España |
El Gobierno regional dilata intencionadamente la implementación de las medidas contempladas en esta ley, al igual que hiciera con su propio Decreto de Medidas Urgentes de 2017, cuyo cumplimiento no fue requerido a las organizaciones agrarias hasta ocho meses después de su entrada en vigor. Los plazos recogidos en la actual Ley, son sobradamente generosos, y nada justifica que no se actúe de inmediato sobre la agricultura intensiva e industrial del entorno del Mar Menor, la mayor causante del deterioro actual del ecosistema de la laguna.
Esta situación es sintomática del poco interés que el Ejecutivo regional tiene en la recuperación ambiental de la laguna, apoyando prácticas agrícolas que ahondan en la degradación del Mar Menor y que solo buscan el beneficio económico inmediato, sin pensar en el interés general y en la conservación del patrimonio natural para las futuras generaciones. Tampoco parece importar la afección que el mal estado ecológico del Mar Menor tiene sobre la sociedad, ni sobre otros sectores económicos como el turístico o el pesquero.
Durante la protesta se leyó un manifiesto en el que insistimos en que no solo la agricultura tiene un impacto negativo sobre esta valiosa y singular laguna salada, sino que existen otras muchas actividades, como la construcción, infraestructuras, puertos, dragados y relleno de playas, residuos mineros, etc. que deben ser reguladas para eliminar o minimizar sus impactos, por lo que reclamamos la urgente redacción y aprobación de una Ley Integral para proteger el Mar Menor.