En concreto, hemos recibido la respuesta de la Comisión Europea, como un paso más del procedimiento de petición, que sigue su curso y aún no ha concluido. Esperamos que, en breve, se acuerde la visita de un grupo de autoridades europeas para que conozcan la situación sobre el terreno.
La Comisión, por un lado, reconoce el problema y la infracción por España de varias directivas comunitarias (en particular, las referidas a la falta de desarrollo normativo de los espacios protegidos del Mar Menor; algo, por cierto, denunciado también por la Fiscalía de Murcia en el 'caso Topillo' sobre la contaminación de la laguna). Por otro lado, la Comisión afirma que las autoridades españolas están adoptando medidas para solucionar el problema.
Sobre esto último nos vamos a detener: en qué están gastando el dinero (mucho de él, europeo) las Administraciones. En nuestro escrito de alegaciones hemos rebatido a la Comisión que determinadas actuaciones que se están llevando a cabo sean las que el Mar Menor necesita para recuperarse.
Nos referimos, por ejemplo, a varias partidas que están comprendidas en la Inversión Territorial Integrada (ITI). Este es un instrumento que permite canalizar muchos millones de euros de la UE para su inversión en el Mar Menor. Pues bien, se han realizado o se van a realizar gastos en «puntos de acceso para embarcaciones» (350.000€), «fondeaderos» (100.000€) o «redes antimedusas» (500.000€), actuaciones sin ninguna finalidad de recuperación ambiental, como tampoco la tienen los llamados fondos Edusi (alrededor de 20 millones de euros) previstos para actuaciones en el entorno urbano de La Manga (comunicaciones, infraestructuras, servicios...). Igualmente, son muy discutibles los 12 millones de euros destinados a «tanques de tormenta», infraestructuras de eficacia limitada y elevado coste. Es evidente que no se trata de prioridades en este momento de crisis ambiental.
Más sangrante aún es el caso de una infraestructura ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente en el verano de 2016: el «salmueroducto de El Carmolí», una tubería que va desde el Albujón a la zona de Arco Sur, que costó 1,6 millones de euros, se ejecutó sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental y ha resultado totalmente inútil. Como colofón: ha acabado en los tribunales por un presunto delito de prevaricación.
Se han tomado otra serie de medidas muy polémicas: los dragados de zonas fangosas (usando la famosa y costosa 'araña finlandesa': un millón de euros) o el dragado de las golas que comunican con el Mediterráneo. En estos casos, se ha denunciado la falta de evaluación del impacto ambiental de las medidas, así como su eficacia o las consecuencias indeseadas que pueden acarrear. Lo mismo ocurre con las tradicionales «regeneraciones» de playas (vertidos de arenas y áridos en las orillas del Mar Menor) o «acondicionamientos» (remangues de arena), todo ello realizado con maquinaria pesada. Algunas de estas prácticas está científicamente acreditado que dañan el ecosistema y, aún así, se siguen gastando millones de euros en ellas.
Y, mientras se persiste en estos errores, se retrasan otras medidas que sí podrían ayudar a paliar el problema de fondo. Sirva de ejemplo el Decreto (transformado en Ley) para regular la agricultura en el entorno del Mar Menor, muchas de cuyas medidas aún no han entrado en vigor cuando ha pasado casi un año desde su aprobación inicial.
A la vista de todo lo expuesto, Europa debería supervisar más de cerca cómo gestionan las autoridades regionales el dinero destinado al Mar Menor.
