La Verdad 14 de marzo 2020
Definitivamente el bestiario que ha emergido alrededor del Mar Menor se ha completado. Faltaba la hiperactividad de los militantes del negacionismo, los que rechazan las causas agrarias del colapso de la laguna y hacen de ello un apostolado. Resulta muy probable que algunos defiendan también el 'pin parental', nieguen el cambio climático o les resulten atractivas las teorías terraplanistas. Sus creencias se apoyan, según sus palabras, en algunos científicos que defienden activamente sus ideas en una especie de despotismo ilustrado local. Estos científicos en nómina muestran, en mi opinión, una disciplinariedad sesgada y excluyente, y les resultan incomprensibles, entre otras cosas, las reglas básicas transdisciplinares e integrales propias de la resolución de los problemas complejos de base ambiental. He de recordar que, durante dos largas décadas, el negacionismo militante de nuestros responsables políticos ha sido un factor decisivo en el colapso total –ambiental y socioeconómico– de nuestra laguna.
Hemos perdido por incompetencia manifiesta de las administraciones y de sus asesores directos casi cuatro años en la resolución del problema del Mar Menor. De un relato o diagnóstico más o menos consensuado, hemos ido para atrás como cangrejos en aguas eutróficas y llevamos dos años intentando confundir el tocino con la velocidad, el agua con los nutrientes, el vector (el agua) con la enfermedad (los nutrientes).
Esta confusión deliberada tiene varias razones últimas que la hacen necesaria para determinados intereses:
1) las competencias en el vector (todas las aguas, incluidas las subterráneas) son del gobierno central (CHS) mientras que las competencias sobre los nutrientes agrarios en origen (la causa real de la enfermedad) son de la comunidad autónoma, esto facilita un desenfoque intencionado en la adscripción de responsabilidades administrativas y en la búsqueda de culpables, y propicia un rifirrafe continuo e impúdico entre administraciones;
2) este discurso ayuda además a la defensa de los encausados judicialmente por la eutrofización del Mar Menor, al diferir el problema en el tiempo, lo que diluye sus responsabilidades directas; y
3) permitiría justificar la extracción de agua subterránea como una medida aparente para salvar el Mar Menor que terminaría a la postre beneficiando al sector agrario, como usuarios finales de esas aguas, con lo que todo esto acabaría como un pago al contaminador en un artístico pero burdo tirabuzón propio de trileros, un fraude manifiesto al principio general del que contamina paga.
Los que confunden a propósito agua y nutrientes e insisten en las aguas subterráneas no explican varias evidencias en su errado planteamiento. Señalo solo algunas:
Los que confunden a propósito agua y nutrientes e insisten en las aguas subterráneas no explican varias evidencias en su errado planteamiento. Señalo solo algunas:
1) la crisis de inicios de 2016 ocurre cuando más agua subterránea es extraída del acuífero Plio-cuaternario para desalobración, y no cuando no se sacaba agua del mismo, como parecen sugerir;
2) cuando se tomaron las primeras medidas antieutrofización, solo se actuó en las aguas superficiales (no se intervinieron los flujos subterráneos) y los nutrientes se redujeron en el cuerpo de agua al tiempo que bajó el fitoplacton;
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| Sellado de tubos 2017 |
3) los estudios más recientes establecen una contribución de los caudales subterráneos del orden de menos del 25% del total de entradas directas al Mar Menor, según datos del gobierno central (5 veces menos de lo que barajan los asesores de la comunidad autónoma), en nutrientes la proporción de entrada subterránea debe ser aún menor debido a los procesos naturales de desnitrificación;
4) los fosfatos no se acumulan en el acuífero y solo llegan por las aguas superficiales.
Una política ambiental es un conjunto de instrumentos y medidas integradas dirigidas a la resolución de problemas de base ecosistémica, normalmente con amplias implicaciones socioeconómicas. El Mar Menor precisa una normativa que establezca un marco general para el resto de medidas y proponga de forma directa una reducción en las superficies regadas, de entre 10.000 y 15.000 hectáreas (las irregulares), una renaturalización intersticial del campo de Cartagena y de los espacios marginolitorales, con setos en parcela agraria, restauración ecológica de los sistemas de drenaje y ampliación de los humedales al doble de la superficie actual.
Superpuesto a esta renaturalización, un conjunto de medidas tecnológicas, especialmente biorreactores en las explotaciones agrarias que procesen aguas salobres contaminadas con nitratos, conectados en serie con filtros verdes a escala de varias explotaciones, como proponen mis colegas Álvarez Rogel y Rosa Gómez. Una intervención en el sector urbano-turístico (amplia moratoria, reciclaje de suelo y crecimiento posterior condicionado a las políticas de prevención de inundaciones, cambio climático y armonización con el Mar Menor) y especialmente en las obras e infraestructuras costeras (reducción y permeabilización a la dinámica costera y sedimentaria de los puertos deportivos), instrumentos de base económica como una contribución única especial de los regantes y una tasa o impuesto anual por hectárea regada, programas de educación y comunicación ambiental y una monitorización basada en modelos de simulación ambiental integrales, que nos permita evaluar el coste-efectividad de las medidas, actúe de soporte en la toma de decisiones, y facilite una nueva gobernanza más democrática alrededor del Mar Menor, al hacer transparentes todos los intereses legítimos concernidos en el problema.
Todo ello nos permitiría acceder con mucha más fiabilidad y éxito al conjunto de instrumentos financieros internacionales que vamos a necesitar. Todo para que el Mar Menor salga de este laberinto absurdo, mitiguemos la deseconomía que por incompetencia, insensibilidad y desprecio nuestros poderes públicos han ayudado a construir, y para que muchos de nosotros terminemos de una vez nuestro duelo por una laguna que se nos fue y que quisiéramos redimir.
Una política ambiental es un conjunto de instrumentos y medidas integradas dirigidas a la resolución de problemas de base ecosistémica, normalmente con amplias implicaciones socioeconómicas. El Mar Menor precisa una normativa que establezca un marco general para el resto de medidas y proponga de forma directa una reducción en las superficies regadas, de entre 10.000 y 15.000 hectáreas (las irregulares), una renaturalización intersticial del campo de Cartagena y de los espacios marginolitorales, con setos en parcela agraria, restauración ecológica de los sistemas de drenaje y ampliación de los humedales al doble de la superficie actual.
Superpuesto a esta renaturalización, un conjunto de medidas tecnológicas, especialmente biorreactores en las explotaciones agrarias que procesen aguas salobres contaminadas con nitratos, conectados en serie con filtros verdes a escala de varias explotaciones, como proponen mis colegas Álvarez Rogel y Rosa Gómez. Una intervención en el sector urbano-turístico (amplia moratoria, reciclaje de suelo y crecimiento posterior condicionado a las políticas de prevención de inundaciones, cambio climático y armonización con el Mar Menor) y especialmente en las obras e infraestructuras costeras (reducción y permeabilización a la dinámica costera y sedimentaria de los puertos deportivos), instrumentos de base económica como una contribución única especial de los regantes y una tasa o impuesto anual por hectárea regada, programas de educación y comunicación ambiental y una monitorización basada en modelos de simulación ambiental integrales, que nos permita evaluar el coste-efectividad de las medidas, actúe de soporte en la toma de decisiones, y facilite una nueva gobernanza más democrática alrededor del Mar Menor, al hacer transparentes todos los intereses legítimos concernidos en el problema.
Todo ello nos permitiría acceder con mucha más fiabilidad y éxito al conjunto de instrumentos financieros internacionales que vamos a necesitar. Todo para que el Mar Menor salga de este laberinto absurdo, mitiguemos la deseconomía que por incompetencia, insensibilidad y desprecio nuestros poderes públicos han ayudado a construir, y para que muchos de nosotros terminemos de una vez nuestro duelo por una laguna que se nos fue y que quisiéramos redimir.