Julia Martínez Fernández
1. Introducción
Desde múltiples ámbitos llevamos décadas reclamando una transición energética que deje atrás los combustibles fósiles. Durante décadas, los avances se han dado con cuentagotas y las administraciones públicas han ido arrastrando los pies. Ahora, cuando ya tenemos el incendio en casa (cambio climático acelerado, invasión de Ucrania, dependencia del gas ruso, crisis de precios energéticos…), nos encontramos con que hay que acelerar el despliegue de las renovables a marchas forzadas, de forma desordenada y poco reflexiva (por ejemplo sin experiencias piloto de fotovoltaica en embalses), eliminando o reduciendo los requisitos de evaluación ambiental (para que les dé tiempo a acogerse a los fondos Next Generation) y apostando por macroproyectos en manos de las grandes empresas de siempre (porque van más rápidos que muchos proyectos pequeños y descentralizados, aunque éstos últimos tengan menos impacto ambiental y mayor valor social). Reconociendo la urgencia de la transición energética, no podemos considerar aceptable este planteamiento que, amparado en dicha urgencia, obvia criterios ambientales y sociales, en otras palabras, obvia criterios de interés público.
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| Instalaciones de producción de energía fotovoltaica |