Este Decreto Ley se ha redactado precipitadamente, sin consenso político ni social. Pacto por el Mar Menor ha sido invitado a reuniones informativas por parte del Gobierno regional; sin embargo, no se han recogido ninguna de nuestras aportaciones, y por tanto no es cierto, tal como afirma el consejero Antonio Luengo, que esta ley cuente con el consenso de los colectivos sociales.
Este Decreto Ley no aporta ninguna ventaja de consideración a la ley que sustituye, la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
En urbanismo, se establece un nuevo plazo para hacer una ordenación del territorio en el entorno del Mar Menor de cinco años.
La prohibición del uso de fertilizantes en una franja de 500 m alrededor de la laguna solo merece el calificativo de ridícula, desde el punto de vista técnico y práctico, ya que esa franja está ocupada por zonas urbanas o saladares en casi su totalidad. Establecer una franja de 2.000 m sin fertilizantes sí habría supuesto una disminución importante de contaminantes nitrogenados al Mar Menor, así como la posible realización posterior de un "cinturón verde", que ayudara a evitar contaminación, arrastres de tierras e inundaciones a la laguna.
Pero lo más grave, es que en el contenido de esta ley no aparece asignación presupuestaria ni de personal, para la labor de aplicación e inspección de su cumplimiento, lo que la hace ineficaz e inoperante.
Perdemos una oportunidad histórica, una vez más, para que la ley Integral de Protección de Mar Menor, tantos años esperada y deseada, por fin fuera una solución a la dramática situación que sufre este ecosistema único. Las presiones del sector agrario, junto con los partidos que la apoyan (PP ,CS y VOX), la convierten en inoperante, condenando a muerte al Mar Menor. Asimismo condena a una gran parte de la población que tiene su medio de vida en su entorno, a la pobreza o a la migración.
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Opinión de ANSE sobre el Decreto Ley