Artículo de Miguel Ángel Ruiz con motivo de la I Jornada organizada por Pacto por el Mar Menor en la Universidad de Murcia en La Verdad de 1/12/2015
Mar Menor: ni economía ni ecología
Miguel Ángel Ruiz
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| Isabel Rubio, Herminio Picazo, Juan Pérez-Melgar, Manuel Tovar y María Luisa Mestre, ayer en el Paraninfo de la UMU. FOTO: GUILLERMO CARRIÓN |
Los expertos convocados por la plataforma social coinciden en que la degradación de la laguna es incompatible con un turismo de calidad
¿Quién querrá veranear en un Mar Menor pestilente? ¿Se merecen los residentes de los municipios ribereños un medio natural degradado? ¿Es justo privar a las generaciones futuras de uno de los ecosistemas más singulares de Europa? ¿Por qué la Administración no ha actuado con diligencia para preservar los valores de un espacio con hasta cinco figuras legales de protección? Y lo que no es menos importante: ¿nadie ha pensado que un Mar Menor muerto ecológicamente también es una tragedia económica? Estas y otras preguntas se plantearon ayer en el Paraninfo de la Universidad de Murcia durante la primera sesión de las jornadas convocadas por la plataforma ciudadana que promueve un pacto social para recuperar un humedal que, según algunas voces científicas, está casi en estado de shock. Ciento cincuenta personas acudieron a la convocatoria: vecinos, hosteleros, agricultores, científicos, profesores, ecologistas y algunos (muy pocos) representantes políticos.
"Estamos orgullosos de que el Mar Menor sea un lugar protegido, y también de su pasado industrial. Queremos recuperar el paraíso perdido o al menos evitar que se pierda del todo", dejó claro desde el principio una de las coordinadoras de la plataforma, Isabel Rubio, quien relató "el Mar Menor que tenemos", un ecosistema cada vez más contaminado por los nitratos de la agricultura intensiva y agobiado por el urbanismo desbocado, antes de proponer "el que queremos: una laguna con aguas limpias, donde podamos ver de nuevo caballitos y doradas, con sus balnearios y sus barcos de vela".
La inevitable y continua nostalgia por el Mar Menor de hace unas décadas chocó con el pragmatismo de los expertos. Pero aún pueden tomarse medidas, advirtió el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, quien propuso la demolición de puertos en la zona sur y la compra de edificios y viviendas ("mejor que la expropiación") para derribarlas y así recuperar espacios "que nunca debieron ser construidos". ANSE ha trasladado una relación de estos inmuebles al Ayuntamiento de San Javier. "Sería una inversión seguramente más rentable que un aeropuerto sin aviones o una desaladora que no desala y que pese a todo se está pagando", reflexionó.
El abogado ambientalista Eduardo Salazar y el magistrado Andrés Montalbán trazaron el incierto perfil legal de la laguna: multiprotegida sobre el papel, y afectada por numerosos planes a lo largo de las últimas décadas, pero abandonada de hecho. Salazar considera que el plan de gestión de Red Natura 2000 debe ser el documento que defina por fin "qué se puede hacer y qué no", y Montalbán lamentó la dificultad de perseguir los delitos medioambientales: "Hay una gran impunidad por falta de medios y también por la inconcreción de las normativas, muy repartidas entre las tres administraciones".
¿Hasta qué punto pueden ser exprimidos los recursos del Mar Menor? El equilibrio entre el uso de un espacio que es en sí un activo económico y su conservación es una fórmula mágica que nadie ha podido definir. Pero que hay que encontrar para no matar la gallina de los huevos de oro, coincidieron el vicedecano del Colegio de Biólogos, Herminio Picazo, y el profesor de Economía de la UMU Manuel Tovar.
"Solo el necio confunde valor y precio", recordó este último citando a Antonio Machado, "y nosotros hemos dejado al mercado la capacidad de asignar un precio al Mar Menor". Dicho esto, y dejando claro que los bienes libres (el paisaje, algunos recursos naturales) no tienen precio, se atrevió a cuantificar lo que costaría adoptar medidas sobre la agricultura intensiva, la actividad económica que contamina las aguas de la laguna desde que la llegada del trasvase Tajo-Segura convirtiera en rentables regadíos los secanos del Campo de Cartagena. "Habría que actuar sobre un tercio de la actividad agrícola de la Región, que supone entre el 12% y el 13% del PIB de Murcia, unos 27.000 millones de euros, con unas 70.000 personas ocupadas". "Un tercio no es mucho", opinó, "y no se trata de eliminar la agricultura, sino de reformularla para minimizar sus impactos".
La intervención de representantes vecinales, hosteleros y sindicales cerró la primera parte de las jornadas, que se reanudarán el jueves a las 17.00 horas, también en el Paraninfo de la UMU, con el análisis de los científicos y un debate político.
(Publicado en 'La Verdad el 1 de diciembre de 2015)