Durante las últimas décadas del siglo pasado, empezaron a ser cada vez más frecuentes los episodios de eutrofización, es decir, de exceso de nutrientes que provocan un desarrollo descomunal del fitoplancton (microalgas). Sin embargo, en aquellos momentos era inimaginable lo que vendría después: en la primavera de 2016 las aguas del Mar Menor se tornaron verdes, y en 2019 y 2021 aparecieron muertos toneladas de peces y crustáceos en sus orillas.
Tras la primera de estas crisis eutróficas del Mar Menor, a la que se llamó vulgarmente “sopa verde”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) descubrió una red de desalobradoras privadas e ilegales ocultas en ciertas fincas (de ahí el nombre de "Topillo") en la cuenca vertiente de la laguna.
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| Un miembro del Seprona precintando una desalobradora |
Nota: La vía criminal se decide ante la Audiencia Provincial y la responsabilidad medioambiental ante la Administración y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
Entrada en vigor de la ley 19/2022, de 30 de septiembre
El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena, bajo la Ley 19/2022 que otorga personalidad jurídica al Mar Menor, invitó a la laguna a personarse como acusación particular en dos causas del “Topillo II”.
Por no estar constituida la Tutoría del Mar Menor en ese momento, cinco organizaciones de defensa ambiental (Pacto por el Mar Menor, Greenpeace España, Sociedad Española de Ornitología, Ecologistas en Acción y Amarme) y el Ayuntamiento de Los Alcázares, se personaron como acusación particular en nombre del Mar Menor y su cuenca, empleando el artículo 6 de la Ley 19/2022, un poder general para actuar en nombre de la laguna costera y defender sus derechos.
Recientemente, Alianza Mar Menor (Amarme) se ha personado como acusación particular en nombre del Mar Menor y su cuenca en 13 causas inscritas en el "Topillo" II.
Nota: Personarse como acusación popular, con base en el artículo 125 de la Constitución española, supone acusar defendiendo los intereses generales. Personarse como acusación particular supone acusar defendiendo los intereses privados de la víctima, en este caso, la laguna del Mar Menor y su cuenca, como persona jurídica.
Casos ya juzgados del "Topillo" II
Cinco causas ya han sido juzgadas en Cartagena, todas con sentencias condenatorias previo acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía.
Por este acuerdo, a los acusados únicamente se les han impuesto multas por un valor menor que el daño realmente producido y lo que cuesta la restauración. Tampoco tendrán que pisar la cárcel a pesar de las penas a las que han sido condenados.
Condenas que han tenido lugar desde septiembre 2024
Septiembre 2024 1. Un año de prisión y una multa de 1.500€, así como una indemnización al Estado de 17.252,08€ al empresario Francisco Roca León, gerente de una mercantil de La Puebla (Cartagena).
Septiembre 2025 2. Un año de cárcel y una multa a J. S. S. M., administrador de Agroexplotaciones La Cabaña SL. de unos 2.100€ y una indemnización de 116.062,56€. De esta última cantidad, 34.020 irán a la Comunidad Autónoma. El resto será para la Administración central del Estado.
Enero 2026 3 y 4. A Pedro A. S. y a Antonio I. G. se les impone una pena de 15 meses de prisión y el pago de 8.618€ a la Administración General del Estado por el daño de los nitratos y de 5.152€ a la Comunidad por los costes de restauración.
Marzo 2026 5. 15 meses de prisión y multa al empresario, A. S. I de de 900€ e indemnizaciones que suman unos 26.700€.
Nota: Las indemnizaciones al Estado son debidas al perjuicio causado al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre.
Investigación “Topillo” II
En la primera causa del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena se investiga a la empresa agrícola Expracar, que pidió el archivo del caso tras el fallecimiento del principal empresario. La Audiencia Provincial denegó en febrero de 2024 la posibilidad de ejercer la acusación particular a las organizaciones de defensa ambiental, por lo que se dirigieron al Tribunal Constitucional y, tras la inadmisión del recurso, una de ellas, Alianza Mar Menor (Amarme), presentó una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en noviembre de 2024, aún sin resolver.
En la segunda causa del Juzgado de Instrucción nº 4 se investiga a la empresa Ecosarete, por un vertido de 162.345 m³ de rechazo de salmuera al Mar Menor.
Será la primera vez que el Mar Menor va a ir ante los Tribunales como víctima, ejerciendo la acusación particular cinco organizaciones de defensa medioambiental.
El juicio tendrá lugar ante la Audiencia Provincial con sede en Cartagena el 20 de mayo de 2026.
Informe elaborado por Eduardo Salazar Ortuño y Pacto por el Mar Menor en abril de 2026