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sábado, 16 de septiembre de 2023

¿De dónde vienen los atunes muertos?

 Esta es la pregunta que se hacen residentes y turistas que han presenciado durante este verano la llegada de atunes muertos a las playas de la Manga y Cabo de Palos. 

Desde hace más de cuatro años suelen aparecer ejemplares de estos grandes peces sin vida en nuestras playas. En septiembre de 2019 la empresa Fuentes, que gestiona las jaulas de engorde de atunes frente al puerto de San Pedro del Pinatar, declaraba que estas muertes se debían a los temporales de aquellos días y que habían causado daños estructurales en sus instalaciones, con la consiguiente fuga de miles de atunes de estas jaulas. 

Pero desde entonces, la aparición de atunes muertos ha sido constante y no siempre asociada a un temporal. Desde finales de agosto de este año han vuelto a aparecer en las playas de La Manga y Cabo de Palos, hecho que, junto con los vertidos de aguas residuales que se han producido este verano, estén causando una alarma permanente entre la población y ofreciendo una pésima imagen turística. 

No se puede entender que después de tantos años sufriendo este problema, la Consejería de Medio Ambiente de la CARM, aún no haya hecho público un informe desvelando la causa de la mortandad de atunes y las actuaciones que están llevando a cabo para evitarla. 

Desde Pacto por el Mar Menor exigimos a la Comunidad Autónoma, que tiene las competencias en Medio Ambiente y Pesca, que dé a conocer el origen de estos episodios de mortandad: si se deben a que los atunes se salen de las jaulas y mueren en el mar, o si mueren en las instalaciones por estrés o enfermedad y son arrojados al mar posteriormente.  

Una instalación industrial privada, situada en un dominio público marino, no puede seguir produciendo este daño permanente al medio marino, a nuestras playas y al turismo de la zona. Grupo de coordinación de Pacto por el Mar Menor Fotografía de atún muerto en Cabo de Palos aparecido el 9 de septiembre de 2023. 

Atún muerto en playa de Cabo de Palos. Septiembre 2023. Fotografía: Enrique de Andrés

Onda Cero

martes, 29 de diciembre de 2020

Posicionamiento de Pacto por el Mar Menor frente al proyecto de Fundación Ingenio

 La Fundación Ingenio, organización formada por empresas agrícolas del Campo de Cartagena y 10.000 agricultores del Campo de Cartagena, según su publicidad, ha puesto sobre la mesa una propuesta de recuperación y protección del Mar Menor, a la que han denominado “Anillo Protector Ambiental”.

Desde la Plataforma Pacto por el Mar Menor valoramos el esfuerzo que supone para el sector agrícola la declaración de un cambio de rumbo hacia la sostenibilidad ambiental y la protección de los ecosistemas. Creemos que esta iniciativa supone una asunción innegable de la responsabilidad de la actividad agrícola con respecto al deterioro ambiental que ha sufrido el Mar Menor en las últimas décadas, pero según demuestra la experiencia, las soluciones unilaterales, como las que aquí se plantean, recogen intereses de un solo sector económico, que utiliza la protección ambiental como elemento vertebrador de su demanda particular: el agua.

La solución, para que sea “definitiva”, “integral” y “única” (como reza la portada de su documento) debe estar aprobada y consensuada por los diferentes actores implicados: sociedad civil, administraciones, comunidad científica y sector económico. Una comunidad científica que, por cierto, es utilizada de manera sesgada por parte de la Fundación.

Nuestra plataforma se creó precisamente para evitar intereses unilaterales particulares, uniendo y consensuando las ideas y proyectos de futuro conjuntos. En ningún momento se ha planteado, ni se plantea la destrucción de un importante sector económico (pero no el único) como es el agrícola, pero sí la reordenación de desequilibrios socio-económicos como los acontecidos en las últimas décadas en el entorno del Mar Menor.

Del documento propuesto por la Fundación se deduce que la dilución de responsabilidades hacia otras actividades o fenómenos climáticos alivia al sector agrícola de una rendición de cuentas, y lo coloca en una posición privilegiada ante la opinión pública, sin cargos de conciencia y presentando un compromiso medioambiental voluntario.

Con estas premisas es difícil creer en el compromiso real de mejora por parte del sector agrícola, y sobre todo cuando su principal solución técnica para recuperar el Mar Menor comienza con una exhaustiva y cuantificada demanda de agua, asociada a las ya obsoletas infraestructuras grises (ingeniería civil convencional), a modo de parches y soluciones llamadas de "final de tubería", es decir lo contrario a soluciones en origen.

Echamos en falta el mismo rigor científico y capacidad de cálculo que han utilizado para la estimación de necesidades hídricas, que para las buenas prácticas agrícolas que mencionan.

La agricultura es un conjunto de actividades técnicas, económicas y sociales relacionadas con el uso del suelo, el agua y las plantas, para la producción de alimentos. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural. La Fundación Ingenio habla de la utilización de la agricultura de precisión, que es muy moderna pero demasiado costosa para ponerse en práctica en la mayor parte de la cuenca del Mar Menor de forma tan inmediata. De la agricultura de precisión destacan solamente la fertirrigación que lleva ya un tiempo utilizándose en el Campo de Cartagena. Sin duda, la agricultura de precisión puede contribuir a la mejora medioambiental del entorno, pero también, mal gestionada, puede eliminar el tejido agrícola tradicional, y hacer olvidar la experiencia multifuncional del agricultor, así como disminuir la población rural, necesaria para la gestión del territorio.

Observamos demasiado control y tecnología asociada a las cátedras universitarias ad hoc para tan poca vigilancia, rigor y responsabilidad demostrada hasta ahora. Y en la mayoría de los casos, no para proteger y recuperar un ecosistema como el Mar Menor, sino para asegurar un aprovechamiento hídrico particular.

Desgraciadamente la historia, la hemeroteca y los procesos judiciales abiertos a numerosas empresas agrícolas, nos hacen desconfiar de un verdadero cambio de rumbo en la sostenibilidad ambiental del sector.